La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que la Contraloría General del Estado presentó una denuncia por presunto daño patrimonial en la Secretaría de Salud de Veracruz, derivado de irregularidades detectadas durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

La denuncia surge a partir de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que identificó múltiples anomalías en el manejo de recursos públicos.


“Si hay un daño patrimonial, se tendrá que llamar a rendir cuentas a quien fue secretario de Salud, así lo marca la propia Auditoría”, declaró Nahle.


La ASF detectó presuntas irregularidades por alrededor de mil 600 millones de pesos, relacionadas principalmente con contratos otorgados a empresas de reciente creación, sin los debidos procesos administrativos.


Rocío Nahle advirtió que este monto podría aumentar, ya que aún falta sumar las observaciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2024, último año de la administración anterior.

La mandataria subrayó: “Yo tengo que cuidar el patrimonio de Veracruz, esa es mi función. En el sector salud encontramos muchas irregularidades… muchas cosas que no estuvieron bien y lo tengo que decir”.

A pesar de los señalamientos, el pasado 3 de mayo, Nahle anunció que el exsecretario de Salud, Roberto Ramos Alor, fue nombrado como nuevo coordinador estatal del programa IMSS-Bienestar en Veracruz.

“Es un especialista comprometido quien nos va ayudar mucho en un tema tan importante para todos los veracruzanos”, escribió Nahle en redes sociales.

Este nombramiento generó polémica debido a que Ramos Alor ha sido señalado por:

Permitir el desperdicio de medicamentos oncológicos y su caducidad.
Realizar compras irregulares y adjudicaciones directas.
Participar en esquemas de contratación con empresas ligadas a presuntos casos de corrupción.


Como parte de la Cuenta Pública 2023, la ASF emitió 1,465 observaciones por presunto daño patrimonial en la Secretaría de Salud de Veracruz.

Además, una auditoría forense ordenó 24 investigaciones contra funcionarios implicados, incluyendo a Jorge Eduardo Sisniega Fernández, exdirector administrativo de la dependencia y colaborador cercano del exgobernador Cuitláhuac García.